Las comunidades autónomas reclaman a la DGOJ sus competencias exclusivas sobre el juego presencial

Las 17 comunidades autónomas de España remitieron un documento de consenso a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y al Consejo de Políticas del Juego en el que reclaman que se respeten sus potestades exclusivas de gestión y control sobre los establecimientos físicos, los casinos y los salones de juego.

La iniciativa está liderada por Ramón Cubián, responsable de las competencias de juego de la Comunidad de Madrid, quien sostuvo que el planteamiento responde a criterios operativos y no a motivaciones políticas.

El origen del conflicto se sitúa en las sesiones del Consejo de Políticas del Juego, donde el organismo estatal propuso asumir un papel coordinador en la protección de los usuarios vulnerables dentro del canal minorista terrestre.

Las autonomías sostienen que las realidades económicas, demográficas e institucionales son dispares entre territorios y que una tutela centralizada desde Madrid fragmentaría la eficacia de las inspecciones y de las políticas locales de juego responsable. Cubián indicó que cada comunidad tiene una realidad política, económica, social y empresarial distinta, reflejada en el número de salones, máquinas, establecimientos y hábitos de ocio, y describió el texto como un documento de trabajo, no político, orientado a defender las competencias autonómicas.